¿Cómo no engañar al Pensionista?

El Gobierno español ha lanzado otro ataque contra el Gobernador del Banco de España, Sr. Fernández Ordóñez, por atreverse a decir que el marco institucional de la economía española necesita profundos cambios necesita la economía española para adentrarse por una senda de crecimiento sostenible. Hace pocas semanas fue criticado por los ministros por atreverse siquiera a decir que era necesario reformar nuestro mercado de trabajo y por mencionar el sistema escandinavo de despido barato, subsidio generoso y formación obligatoria como un ejemplo a seguir. Ahora, le censuran el haber recordado ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo la necesidad de transformar nuestro sistema de pensiones públicas. Por esta razón, el presidente Rodríguez Zapatero, con “irritada contención”, se ha atrevido a tildarle de “superficial” El ministro de Trabajo ha ido más lejos: tras lamentar el “exceso de locuacidad” del gobernador, no ha tenido escrúpulo en tergiversar sus declaraciones. En efecto, quien lea el discurso de Fernández Ordóñez (disponible en la página web del Banco de España) verá que no dijo que la Seguridad Social entraría pronto en déficit, como afirmó el ministro: muy al contrario, resaltó la buena situación actual de la Seguridad Social, con un superávit equivalente al 1,3% del PIB en 2007 y un Fondo de Reserva equivalente al 5% del PIB en 2008. Lo que sí dijo y lo que el ministro sólo ha reconocido a regañadientes, es que el envejecimiento de la población española planteará de aquí a 2025 un grave problema de solvencia, si no se empiezan a tomar medidas de paulatina corrección. Añadió que la Comisión haría bien en analizar las diversas soluciones aplicadas en países vecinos. Sospecho que el ministro no ha leído el discurso del gobernador antes de criticarlo o no lo ha entendido por falta de conocimientos.

El gobernador cumple con su obligación de opinar y amonestar sobre todo lo que suponga un obstáculo para la permanencia de nuestro país en la Unión monetaria. Es así que, si el sistema de pensiones se despeña por la senda de lo financieramente insostenible y contribuye a que el conjunto de las finanzas públicas se desequilibre, nuestra pertenencia al euro puede convertirse en una disciplina socialmente insoportable. Lo mismo cabe decir del deterioro de la situación laboral en esta crisis: la situación de Andalucía, con su 20% de parados viviendo del subsidio público, podría acabar extendiéndose a toda España. En vez de atacar al gobernador por sugerir reformas, debería haber dicho que, tanto en materia laboral como de pensiones, el gobernador había estado tímido.

Está bien que el gobernador haya señalado que el sistema de pensiones es insostenible si no se reforma. Hay otra cuestión más grave: las reformas que se debaten en la Comisión son o bien contraproducentes o bien contrarias al respeto de lo pactado entre el Estado y los cotizantes a la Seguridad Social. Partamos de que nuestro sistema público de pensiones es, como se dice “de reparto” y no de capitalización: consiste en repartir cada año entre un número creciente de pensionistas lo que aportan los cotizantes empleados. Dado que la proporción de jubilados respecto de trabajadores no deja de crecer por razones demográficas, el sistema sólo resultará sostenible a largo plazo si 1) aumentan los ingresos por cotización o si 2) se reducen los beneficios de los pensionistas. Cierto es que un crecimiento continuo de la productividad de los trabajadores españoles permitiría sostener e incluso elevar las prestaciones de los pensionados sin necesidad de elevar los porcentajes de cotización. Mas para conseguir esas mejoras de productividad sería necesario llevar a cabo reformas estructurales como las que el gobernador viene pidiendo a un Gobierno aquejado de sordera política. No es solución aumentar directamente los porcentajes de cotización de trabajadores y empresarios, pues ello desincentiva la actividad productiva.

Por eso, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo está pensando en recortar las pensiones, como se hizo en 1997. El Estado de su mano mayor ya se apropia indebidamente del dinero de los trabajadores: el trabajador que haya contribuido durante menos de quince años a la Seguridad Social pierde todo lo aportado. Un procedimiento del mismo tipo de aprobarse con la ley de Presupuestos del presente año de 2009, pues la Administración a partir de ahora prohibirá a los antiguos funcionarios que cobren su pensión y trabajen al mismo tiempo. ¿Qué daño hacen a la sociedad quienes no se contentan con cobrar la pensión sino que se emplean en el mercado, pagan el impuesto sobre la renta y cotizan a la Seguridad Social? El Estado ya no sabe donde arañar para recortar gastos, aunque sea con burla de la justicia. Una forma menos visible de reducir gastos consiste en ampliar la llamada “base reguladora”, es decir, calcular el monto de la pensión no sobre lo ganado en los últimos años de empleo, que suele ser más, sino sobre los ingresos de la totalidad de la vida laboral. Otra manera de reducir las pensiones es retrasar la edad de jubilación incrementando la pensión en sólo una pequeña cantidad. No hay duda de que la mayor longevidad de los trabajadores, comparada con la esperanza de vida cuando se creó la Seguridad Social, aconseja que sigamos trabajando pasados los 65 años. Pero eso debería ser voluntario y recibir una compensación estrictamente proporcional a lo cotizado durate los años adicionales. El verdadero objeto de una prolongación obligatoria de la vida laboral es reducir la suma finalmente cobrada por euro cotizado.

Todos estos cambios me parecen incumplimientos del contrato virtual pasado entre el Estado y los trabajadores al principio de la vida laboral de cada uno, incumplimientos disimulados con llamamientos a la responsabilidad y la prudencia. Hay quien defiende la licitud de estos cambios arbitrarios diciendo que las cotizaciones no son primas de seguro sino un impuesto; y que la pensión no es una contraprestación contractual sino una gratuidad pública variable a capricho de las Autoridades. En ese caso, no entiendo por qué ese servicio no se financia con los impuestos generales, en vez con un impuesto sobre el empleo pagado principalmente por la empresa y que contribuye a reducir la demanda de mano de obra.

La única forma de no engañar al pensionista sería la de apuntar lo que cada uno ha contribuido y el rédito correspondiente en una libretita personal, sin reducciones retroactivas de los beneficios pactados. Y si el Estado encuentra demasiado oneroso el sistema, ¿por qué no privatizarlo?

Pedro SCHWARTZ.
Artículo publicado en el DIARIO EXPANSION del 23/04/2009